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Legalización del aborto llega a la CIDH. MinJusticia se opone a que se reabra el debate en la Corte Constitucional

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Escrito por Redacción R+F

En las últimas horas se conocieron las intervenciones realizadas por dos dependencias del Gobierno, que se oponen a la solicitud de nulidad a través de la cual Bernal Cano aspira a revivir sus demandas constitucionales, que buscan prohibir el aborto.

La decisión de la Corte de inhibirse a principios de este año, impidieron que la mayoría abortista de la actual Corte Constitucional pudieran ampliar aún más la práctica legal del aborto en Colombia.

Según dijo la doctora Bernal a El Espectador:

“La Corte ocultó en todas mis actuaciones judiciales que he llevado a cabo hasta ahora 363 investigaciones internacionales que yo misma aporté, estadísticas de entidades públicas y legislación comparada, explicando daños de prematurez, discapacidad de bebés por abortos previos de las madres y demostrando capacidad de supervivencia de bebés agredidos por procedimientos abortivos. También denuncie fallas en la administración de justicia por cuánto la Corte Constitucional no leyó mis demandas y estás fueron utilizadas de firma indebida con el ánimo de reemplazar mis pretensiones”.

El diario también informa que Bernal acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se pronuncie sobre su petición. Organización dominada por activistas de izquierda en materia de aborto y agenda homosexual.

Gobierno quiere mantener el debate cerrado

Frente a la petición ya se han pronunciado en contra dos entidades del Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Planeación Nacional.

“Su solicitud se basa sobre su respetable opinión en relación a qué debió hacer y qué debió decidir la Corte Constitucional, a partir de sus convicciones jurídicas personales sobre una normativa del Código Civil cuya constitucionalidad ha sido validada de forma reiterada y estable por la jurisprudencia constitucional y cuya derogación o modificación es competencia del Congreso de la República”, opinó la cartera de Justicia.

Por su Planeación Nacional conceptuó:

“la Sentencia C-089 de 2020 no viola el debido proceso, ni el derecho de defensa de la solicitante por la no valoración de las pruebas allegadas por esta, toda vez que la decisión que se tomó se realizó de manera fundamentada al revisar cada uno de los cargos propuestos en la demanda y definir que estos no cumplían con los presupuestos necesarios para que se efectuara un pronunciamiento de fondo”.

Fuente: Debate sobre el aborto vuelve a la Corte Constitucional y llega a la CIDH | EL ESPECTADOR

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