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Presento a continuación un artículo informativo sobre el reporte de un grupo de expertos de la ONU que pide a los gobiernos que obliguen al personal médico a realizar abortos.
Según informa Stefano Gennarini en C-Fam, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha pedido que los gobiernos repriman la objeción de conciencia al aborto en hospitales, médicos, enfermeras y otro personal médico.
En un informe publicado esta semana, el grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas afirma que los gobiernos tienen la obligación internacional de forzar a todos los hospitales, incluyendo los religiosos, a proporcionar abortos. El informe llega a describir la objeción de conciencia institucional como «inadmisible» y una «violación de los derechos humanos».
«Los Estados deben prevenir y reformar las leyes que extienden en exceso la objeción de conciencia y que permiten que las creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de la atención médica», explica el informe.
El grupo de trabajo, compuesto por cinco activistas y académicas feministas, sostiene que los derechos de conciencia no se aplican a las instituciones, sino solo a personas reales, y que incluso en esos casos deben estar «estrictamente definidos».
«Los Estados deben prohibir la práctica de la objeción de conciencia institucional (incluida la objeción de conciencia institucional de facto) para cumplir con sus obligaciones de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud», concluyen los expertos en su informe. Esto implica también la obligación de contar con médicos dispuestos a realizar abortos en la plantilla, según los expertos. Además, afirman que para garantizar tales requisitos de personal, los hospitales deben poder discriminar contra los médicos que profesan creencias religiosas provida.
En todos los casos, el informe sostiene que los gobiernos deben «regular estrictamente» el ejercicio de la objeción de conciencia para garantizar el acceso al aborto.
«La objeción de conciencia individual debe estar condicionada a la capacidad del Estado para cumplir el derecho a la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas dentro de su jurisdicción», se lee en otra conclusión del informe.
Entre las condiciones para ejercer el derecho a la conciencia, el grupo de trabajo sostiene que «para cumplir con el derecho internacional», los médicos que se oponen a realizar un aborto siempre deben derivar de inmediato a la madre a un médico dispuesto a realizar el aborto, incluso si va en contra de su conciencia. En caso de una «situación de emergencia», los médicos nunca pueden oponerse a realizar un aborto, según el informe.
Por su parte, las enfermeras y otros trabajadores médicos deben ser obligados a realizar cualquier aborto, de acuerdo con los expertos feministas, porque el derecho a la objeción de conciencia solo se aplica a quienes están «directamente involucrados» en la provisión del aborto, pero no al otro personal médico que brinda «apoyo auxiliar, administrativo o instrumental».
Además de adoptar leyes y regulaciones tan estrictas, el grupo de trabajo sostiene que los Estados tienen la obligación de «crear e invertir en sistemas capaces de monitorear el uso de la objeción de conciencia de forma rutinaria y prevenir su abuso». Asimismo, insisten en que cualquier madre a la que se le niegue un aborto debe poder enjuiciar y demandar al gobierno, a los médicos y a los proveedores médicos. «La denegación de un aborto no es aceptable, ya que el derecho a un aborto seguro y legal está protegido por el derecho internacional».
El grupo de trabajo explica que las estrictas normas para limitar el ejercicio de la conciencia son necesarias para «afirmar el derecho al aborto seguro y legal, incluida la atención al aborto, y reconocer la autonomía de las mujeres» y para combatir las barreras al aborto derivadas de «estereotipos de género dañinos y actitudes sexistas».
El grupo de trabajo también sostiene que los gobiernos tienen la obligación de despenalizar el aborto en todas las circunstancias para asegurarse de que los médicos no se vean inhibidos por el temor a un enjuiciamiento penal por un aborto ilegal. «Sin esa certeza, los médicos pueden invocar la objeción de conciencia para evitar responsabilidades legales por la realización de un aborto».
La afirmación de que el aborto es un derecho internacional es disputada. Ningún tratado internacional de derechos humanos ampliamente ratificado incluye un derecho al aborto, ya sea expresamente o por implicación.
Fuente:UN Group Says Government Must Force Medical Personnel to Provide Abortions – C-Fam
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