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El Estado de California llegó a un acuerdo con el fundador y presidente de CMP, David Daleiden, y la reportera encubierta de CMP, Sandra Merritt, para desestimar por completo el proceso de enjuiciamiento por grabación de video, sin precedentes, e iniciado originalmente por la entonces fiscal general Kamala Harris.
El acuerdo, un arreglo negociado sin castigo, no implica tiempo de cárcel, multas, admisión de culpabilidad ni libertad condicional, a cambio de una nueva declaración de «no contender» de Daleiden y Merritt sobre un solo cargo de grabación de video. La nueva declaración de «no contender» -que no puede usarse en su contra- se asentará como un delito menor en 6 a 12 meses y luego se convertirá en un veredicto de «no culpable», se desestimará y se eliminará.
7 de los 14 cargos de grabación de video presentados inicialmente en este caso fueron desestimados a mitad de camino por falta de causa probable. Continúa otro litigio sobre la constitucionalidad de las antiguas leyes estatales de grabación de video como la de California.
«En mis 5 décadas como abogado, 40 de las cuales fueron como fiscal, nunca he visto un ejercicio tan flagrante de investigación selectiva y procesamiento vengativo. Los Fiscales Generales de California que iniciaron este caso y lo persiguieron durante casi 10 años deberían avergonzarse de haber utilizado su cargo para perseguir a personas que simplemente estaban exponiendo la ilegalidad asociada con la cosecha y venta de partes del cuerpo fetal«, afirma el Hon. Steve Cooley, Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, 2000-2012, quien dirigió el equipo de defensa legal de Daleiden durante este caso de alto riesgo.
«Después de soportar 9 años de procesamiento político armado, poner fin a la guerra legal lanzada por Kamala Harris es una gran victoria para mi reportaje de investigación y para el derecho del público a conocer la verdad sobre la venta de partes del cuerpo de bebés abortados por Planned Parenthood. Ahora todos debemos ponernos a trabajar para proteger a las familias y a los bebés del complejo criminal de la industria del aborto«, afirma Daleiden.
«Sacar el caso de San Francisco del tablero me permite enfocarme por completo en la misión de CMP de informar sobre las injusticias de los experimentos financiados con fondos públicos en bebés abortados y continuar expandiendo nuestro reportaje de investigación pionero«.
El reportaje encubierto de CMP en cuestión en el caso llevó a un acuerdo de $7.8 millones en el que dos empresas admitieron vender ilegalmente fetos abortados de Planned Parenthood en el sur de California, un acuerdo con devolución de ganancias por la venta de órganos fetales abortados en Arizona, y la descalificación de Planned Parenthood de la financiación estatal y federal en Texas por violaciones de las normas y la ética médicas documentadas en las imágenes encubiertas, donde Planned Parenthood ahora se enfrenta a un caso federal de Ley de Reclamaciones Falsas de casi $2 mil millones por la descalificación.
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