Aunque "prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes", en la práctica lo que busca es "imponer un modelo de crianza estatal, vulnerando el derecho fundamental que tenemos como Padres de formar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones", aseguran sus objetores.