“… a pesar de haber conocido al Doctor Granados en la Fiscalía General de la Nación en el año de 1995, y haberlo acompañado por tres meses aproximadamente en el año de 1997, en la oficina que junto con otros abogados estaba emprendiendo, al momento de mi postulación a la Corte Suprema de Justicia por primera vez en el año 2015, ninguna certificación me fue expedida ya que, según información telefónica que me proporcionó quien en esa época atendió mi llamada y cuyo nombre desconozco, me manifestó que en sus archivos no reposaba ningún registro de mi paso por este lugar”, es la revelación a partir de la cual Coronell pretende generar un nuevo escándalo contra Uribe en la opinión pública.
La columna se refiere a Cristina Eugenia Lombana Velázquez, magistrada de la Sala de Instrucción encargada de investigar a funcionarios con fuero constitucional como Álvaro Uribe, y a quien Coronell acusa de cometer una grave “omisión” en su hoja de vida, que califica, además, de “engaño” a los magistrados de la Corte Suprema que la eligieron.
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La creación de dobles estándares, típico de la guerra judicial de la izquierda
Sin embargo, la exigencia que hace Daniel Coronell no tiene ningún sustento racional ni jurídico.
Es de sentido común que en la presentación de cualquier hoja de vida únicamente se registra aquella información que es relevante para el cumplimiento de requisitos y que se pueda certificar.
Lo que ahora Coronell le pretende exigir a la Magistrada Lombana como signo de honestidad sería en realidad una irregularidad, pues sin certificación no podía haber incluido esos tres meses de experiencia en su Hoja de Vida.
Y la explicación es tan sensata que la columna no se atreve a cuestionarla: si hace 22 años una persona trabajó 3 meses en una oficina de abogados que apenas estaba iniciando, seguramente con la informalidad y limitaciones de personal propias de cualquier emprendimiento, es apenas normal que en aquel entonces no existiera un registro laboral que le permitiera a la hoy consolidada oficina de abogados expedir certificación alguna.
#MañanasBlu #LaCalladita puras trifulcas periodistas enmermelados, eso que dicen fue hace 22 años, ya parecen nazis, que buscan la pureza de quien juzga o trabaja con X persona por 5 generaciones es decir, yo estaría impedido por haber visto o cruzado palabras con @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/TUVLh4RUIA
— L.G.Carrillo ????????????⚖????????????????????????♀️???????? (@CarrillonavasG) March 24, 2019
La contextualización amañada, “marca registrada” de la escuela de periodismo de Daniel Coronell
Como sucede con cualquier “escandalete” fabricado por Noticias Uno y sus periodistas aliados, se crea una sensación de indignación al denunciar situaciones normales, pero que presentadas desde un determinado contexto parecen escandalosas.
En este caso Coronell insinúa que Uribe estaría detrás del nombramiento de Lombana, relacionando la revocatoria de su renuncia al senado, con la elección de los nuevos magistrados a la Sala de Instrucción, lo que sucedió semanas después.
Por supuesto, el periodista evita señalar que había rumores de una orden de captura contra Uribe por parte de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual se haría efectiva en medio de una indagatoria dentro de un proceso sobre el que se denunciaron múltiples irregularidades, y que de haberse hecho efectivo contra Uribe en su calidad de congresista y jefe de su partido, habría sido devastador tanto para el Centro Democrático como para el presidente electo Iván Duque.
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Razones que explican mucho mejor la renuncia y su posterior retractación por parte de Uribe, que las conjeturas sobre su influencia en la elección de la magistrada Lombana, de lo cual no podría tener certeza a menos que controlara la Corte Suprema, pues dicha elección sólo se dio semanas después de la revocatoria de la renuncia.
¿Sectarismo en la rama judicial?
En todo caso, si para hacer la nota Daniel Coronell conversó con algunos magistrados de la Corte Suprema (a través de los cuales habría conseguido la hoja de vida y los datos de contacto de la nueva magistrada), y es a partir de lo conversado con los magistrados que postula su hipóstesis según la cual de haber sabido que Cristina Lombana hace 22 años trabajó durante tres meses con el abogado del expresidente Uribe, no habría tenido los votos para ser elegida, su columna podría ofrecer en realidad una inquietante revelación sobre la forma de actuar de un poderoso sector en la cúpula de la Rama Judicial.
Y es que un vínculo laboral tan efímero como antiguo, de ninguna manera puede representar un impedimento para juzgar a Uribe, ni menos para aspirar a integrar la Sala de Instrucción que está llamada a resolver muchos otros casos además de ese.
De hecho, en cualquier momento podría presentarse una recusación contra la magistrada para decidir el proceso contra Uribe, como consecuencia de la columna de Coronell por ejemplo, pero jurídicamente no tendría sustento para prosperar y apartarla del mismo.
La explicación implícita en la hipótesis de Daniel Coronell, sería entonces que en la Corte Suprema de Justicia existe un veto contra cualquier persona que en algún momento haya podido tener vínculo o contacto, por remoto que sea, con el círculo de Álvaro Uribe.
Semejante veto no sólo sería contrario al pluralismo que se espera de las instituciones democráticas, sino a la transparencia, pues por su ilicitud el veto no podría ser público sino secreto, según acostumbran las logias y las sectas cuando infiltran los poderes públicos.
Algo que, a juzgar por el sesgo político que parece evidente en varias decisiones judiciales de nuestras altas cortes, cada vez parece ser menos descabellado.
La calladita. Por @DCoronell https://t.co/RpZAJzDcm7 ¿La Corte Suprema habría elegido a la mayor Lombana como magistrada si hubiera estado al tanto de su antiguo vínculo con el abogado de Uribe? #LaCalladita pic.twitter.com/A6EapNIXhj
— Cesar Marulanda (@cesarusa5) March 24, 2019
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