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Balance de la Constitución de 1991. Reseña del Coloquio en el Centro Cultural Cruzada

Un balance más que necesario hoy, luego de casi 30 años de una Constitución a partir de la cual se nos prometió entrar “en el futuro” con base en la refundación del país como un “Estado Social de Derecho”. Hoy los frutos hablan por sí mismos. Aquí está la relatoría de este coloquio. Un expositor de lujo.

El pasado jueves 11 de abril se realizó en la sede del Centro Cultural Cruzada de Medellín, el coloquio Balance de la Constitución de 1991, a cargo del Doctor Ricardo Zuluaga Gil, como parte de la serie temática Revolución y Contra-Revolución, que comenzó a finales del año pasado.

El Doctor Zuluaga, Abogado de la Universidad de Medellín y Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, enumeró notables errores de la Constitución de 1991 que es necesario considerar, para entender el problema estructural de Colombia, consistente, sobre todo, en la incapacidad para crear un código de convivencia común. Así pues, mientras países como E.E.U.U. siguen creciendo a diferentes niveles, Colombia continúa reformando su constitución, enredándose y entrampándose en cuestiones jurídicas y en una complicadísima burocracia legal que impide su desarrollo e indica poca o nula claridad sobre temas fundamentales acerca de asuntos esenciales vinculados a la identidad y al ordenamiento jurídico y político.

La Constitución de 1991, explicó el Profesor, se diseñó en un contexto totalmente caótico, en el que Colombia parecía avocada a la disolución, al borde del abismo, pues tan solo seis años antes, en 1985, había ocurrido el holocausto del Palacio de Justicia, y dos años antes habían sido asesinados cuatro candidatos presidenciales y un aproximado de mil policías por los carteles del narcotráfico. Por otro lado, se habían hecho varios intentos de reforma a la Constitución, cuatro de los cuales se frustraron entre 1976 y 1989.

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Doctor Ricardo Zuluaga Gil

Abogado de la Universidad de Medellín.
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España.
Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España.

La primera objeción que, como experto en el tema, el Doctor Ricardo Zuluaga presentó a la Constitución de 1991, se enfoca en el origen de la misma, que deja ver un vicio trascendental. Según los mecanismos establecidos por ley para cambiar la Constitución Política de Colombia, esta no se podía expedir por Asamblea Constituyente sino que tenía que ser expedida por el Congreso de la República, óbice jurídico que la Corte Suprema de Justicia tuvo que solventar de modo más bien ambiguo y recurriendo a ciertos tecnicismos que revelan, por decir lo menos, un método “sofismático”, lo cual permite indicar que la Constitución nació con problemas de legalidad y juridicidad.

En segundo lugar, existe un serio problema de legitimidad, pues en vía contraria a la ley vigente en aquel entonces, no se recurrió al Congreso de la República para elaborar la nueva constitución, sino que se creó un cuerpo especial para tal fin, que fue la Asamblea Constituyente. Sin embargo, es de notar que mientras el Congreso recibió quince millones de votos, la Asamblea Constituyente obtuvo tan solo cinco, lo que equivalía a menos del 20% del potencial electoral de Colombia por aquellos años. Esto delata una ausencia del apoyo y acompañamiento pleno del pueblo colombiano; al respecto, el Doctor Zuluaga fue incluso más enfático al exponer una hipótesis que –como investigador– sostiene en una de sus obras sobre el tema: “El pueblo colombiano fue a las urnas a elegir la Asamblea Constituyente, sin tener clara conciencia de qué se trataba”.

Un tercer problema que describió el ponente fue el populismo y la improvisación. El desarrollo de este punto particular del coloquio comenzó con un dato histórico escandaloso: El día que se reunió la Asamblea Constituyente no había un proyecto de constitución y, básicamente, puede decirse que quienes conformaban la Asamblea se reunieron sin conocerse, sin saber qué era lo que tenían qué hacer ni cómo hacerlo, con base en más de cien proyectos de constitución que fueron recogidos. Para tal fin utópico, tenían un periodo establecido de cinco meses. Con el objetivo de ejemplificar los errores de forma en la Constitución, fruto de tan desolador panorama, el Profesor citó a Fernando Vallejo en su obra Logoi. Una gramática del lenguaje literario, en la cual señala que la Carta Magna de los Colombianos suma 370 errores ortográficos y gramaticales.

El coloquio continuó abordando el tema de la inestabilidad originaria de la Constitución Política de Colombia (C.P.C.). En este sentido, se hizo referencia al problemático y polémico asunto de la extradición de colombianos, por ser un tópico especialmente útil para ilustrar este problema inherente a la Constitución. El Profesor recordó que, en agosto de 1989, Pablo Escobar ordenó la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, pues este defendía la extradición y la tenía como una de sus banderas para la candidatura presidencial; sin embargo, en mayo de 1991, menos de dos años después del trágico magnicidio, la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos, dejando en vano la muerte de Galán, de los magistrados del Tribunal Superior de Medellín y de más de mil policías. Incluso, por si este fatídico hecho fuera poco, es sabido que, seis años después, la primera reforma a la Constitución tuvo que ver con el tema de la extradición, esta vez, para permitirla de nuevo.

Además, la Asamblea Constituyente decidió cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones, con el objetivo de que los partidos que habían logrado participación en aquella pudieran replicar su éxito en una nueva configuración del legislativo, cosa que no lograron y, aparte, consiguieron la enemistad de los congresistas quienes pasarán a la historia como las primeras víctimas de la Constitución de 1991. “Volvimos, pero con rabia con la Constitución”, expresó alguna vez un congresista de la época, comentando estos hechos.

El quinto y último problema que el constitucionalista señaló consiste en que corriendo junio de 1991 y faltando quince días para la promulgación de la Constitución, el trabajo de cuatro meses realizado por los constituyentes se borró de los computadores y, en medio de carreras y afanes, la Asamblea debió reunirse de nuevo y confeccionar cada artículo según lo que recordaban sus miembros. “En estricta juridicidad, la constitución colombiana no existe”, afirmó el Doctor Zuluaga Gil, porque una norma colectiva tiene que ser promulgada, pero en el acto de promulgación de la C.P.C, realizado el jueves 4 de julio de 1991, en el Palacio Nacional, no existía la Constitución, y lo que firmaron los constituyentes fue un conjunto de hojas en blanco. Realmente, la Constitución apareció tres días después, y el secretario general continuó publicando artículos nuevos en cinco o seis gacetas constitucionales más, lo que contradice la ley y revela la manera antijurídica en que surgió la constitución que hoy “rige” –si así se puede decir– a los colombianos.

Concluyendo su intervención, el ponente señaló que la Constitución de 1991 creó lo que él denominó “histeria constitucional”, pues fue diseñada sumando una serie de elementos dispares, traídos de aquí y de allá sin ningún principio orientador. El Doctor Ricardo Zuluaga no dudó en describir la Carta Magna de los colombianos, de modo coloquial, como un “pesebre de pueblo”, y manifestó una sentida objeción frente al origen de la Fiscalía General de la Nación, que reunió a 25.000 personas poco idóneas, por decir lo menos, para desempeñar una función esencial para el Estado. A su vez, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura ha sido una fuente de corrupción inagotable y que la Defensoría del Pueblo, ente altamente burocratizado, no ha logrado constituirse y sigue siendo ineficaz. Sugirió, al respecto, fortalecer la Procuraduría General de la Nación, en vez de crear entes innecesarios.

Finalmente, el Profesor Zuluaga afirmó que la Constitución de 1991 concede un gran número de libertades a una sociedad con niveles sumamente precarios de formación ética, que no sabe hacer uso de dichas libertades y que no es suficientemente consciente de sus deberes.

Algunas preguntas del auditorio
  1. ¿Cree usted que la Constitución de 1991 tiene alguna base iusfilosófica, o sea, una Filosofía del Derecho que la sustenta?
  • Dr. Ricardo Zuluaga: El constitucionalismo en sí mismo es una propuesta filosófica, que tiene un norte fundamental y es la moderación en el ejercicio del poder político, para que este sea respetuoso y obedezca más a finalidades altruistas y para ello diseña unas estrategias. Ya desde el punto de vista de las ideologías, la Constitución es muy transaccional. Por ejemplo, había guerrilleros del M-19 y había personas que representaban la más rancia aristocracia colombiana, entonces no hubo una fuerza lo suficientemente relevante capaz de imponer un modelo definido. Cada constituyente amparaba los temas que le interesaban y, por ello, pueden encontrarse elementos que permiten gobernar desde la perspectiva del Estado liberal y otros que sugieren la idea de un Estado social porque el texto es bastante abierto y fue pactado entre las diferentes fuerzas que había en la Constitución.
  1. ¿La Constitución de 1991 permitió que Colombia perdiera parte de su soberanía para integrarse a un nuevo mundo exterior?
  • Dr. RZ: El concepto de soberanía tradicional está, hoy, en franco retroceso; entonces la idea de que la constitución y el Estado que esa constitución diseña son el tope o el techo del poder, no es tan cierta. Desde el punto de vista fáctico, no jurídico, el hecho de que Colombia se haya sometido a la Corte Penal Internacional es una buena prueba de ello. El asunto de la soberanía y su pretendida pérdida no fue un problema de la Constitución de 1991, lo que se ha dado, más bien, es una reconfiguración del concepto clásico de soberanía, cada vez más cuestionado.

Más bien, ha sido un problema interno no definir con claridad qué se aceptaba o no del ordenamiento jurídico internacional.

  1. Me preocupa la situación de las Universidades públicas, en nuestro caso la de Antioquia, pues los estudiantes cuestan enormemente a la sociedad, que paga por su educación, y, sin embargo, una considerable porción de ellos hace daños al campus. En mi opinión, el Estado debe poner fin a esta situación, en vez de aumentarles prerrogativas y concederles todo lo que piden. ¿Qué piensa usted?
  • Dr. RZ: Pienso que el asunto de los estudiantes debería ser más de manejo reglamentario por parte de la institución. Lo que ocurre es que en Colombia se han venido dando una serie de prácticas sociales inconvenientes para el país. Nadie ha cuantificado, por ejemplo, el costo total del paro estudiantil del año pasado (2018), un paro en el que, además, los estudiantes no tenían nada qué decir, era un problema de los profesores, a quienes les cambiaron el sistema de definición de pago de impuestos. Se detuvieron las actividades académicas sin necesidad y la nómina siguió corriendo, con lo cual se dio un gasto elevado para el Estado.

Al finalizar la ronda de preguntas, se dio un interesante debate, en el que, entre otras cosas, los asistentes revelaron su inconformidad con el Acuerdo de La Habana, pese a los intentos desesperados de legitimarlo jurídica y políticamente, lo cual evidenció que dicho proceso no cuenta, como la Constitución de 1991, con el apoyo pleno de la población colombiana.

El Sr. Luis Fernando Escobar Duque, director del Centro Cultural Cruzada, obsequió al ponente la edición colombiana del libro Revolución y Contra-Revolución (Centro Cultural Cruzada, 2018), escrito por el Dr. Plinio Corrȇa de Oliveira ―inspirador de Cruzada y otras asociaciones hermanas que se dedican a la defensa de los tres valores esenciales de la Civilización Cristiana: Tradición, Familia y Propiedad―, y el último número de la revista Tesoros de la Fe, cuyo artículo principal se titula “Señor de la Justicia” y aborda, a propósito de la Semana Santa, el apasionante tema del juicio injusto contra Jesucristo. ¿Será Su caso el caso de la Colombia actual, en la que se premia el mal y se castiga el bien?

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Sobre el Autor

Carlos Andrés Gómez Rodas

Carlos Andrés Gómez Rodas

Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia). Ha sido docente de la misma institución y de EAFIT.
Es miembro activo de la Alianza de Fátima y colaborador habitual de Razón+Fe y El ojo digital.

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