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El pasado 19 de diciembre, el cardenal español Fernando Vérgez, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano desde octubre de 2021, firmó un decreto que castiga con penas de 1 a 4 años de prisión y multas de 10.000 a 25.000 euros a quienes ingresen ilegalmente al territorio vaticano.
El artículo 1 del decreto establece dichas sanciones para quienes entren al Estado vaticano «con violencia, amenaza o engaño», considerando que existe engaño cuando se evitan los controles de seguridad y fronterizos.
El artículo 2.1 agrava la pena, incrementándola entre un tercio y la mitad, si la entrada ilegal se realiza de forma violenta o en grupo.
Este decreto desarrolla el artículo 16 de la Ley sobre Ciudadanía, Residencia y Acceso de 2011, que remitía a normas posteriores la regulación de sanciones por violarla. Por ejemplo, el artículo 15 de dicha ley prohíbe a los ciudadanos vaticanos alojar a otras personas sin autorización. Cabe señalar que en el Vaticano viven alrededor de 700 personas con ciudadanía vaticana y muchas residen en el territorio por concesión.
Según el propio decreto, la «urgente necesidad» de establecer estas sanciones se debe a incidentes recientes relacionados con violaciones al régimen de acceso al Estado vaticano. Por ejemplo, el 18 de mayo de 2023 un hombre con alteraciones mentales irrumpió con su vehículo por la Puerta de Santa Ana hasta el Patio de San Dámaso, donde fue detenido. El año anterior, el 19 de junio de 2022, se activó el protocolo de seguridad durante la persecución policial a un vehículo conducido por un albanés con antecedentes penales que merodeaba la Plaza de San Pedro, hasta que fue detenido cerca de la muralla vaticana.
Las fronteras del Estado Vaticano están delimitadas por sus murallas y por una línea imaginaria entre los dos hemiciclos de la Plaza de San Pedro que, si bien es un espacio abierto al público, está bajo administración del alcalde de Roma por concesión pontificia.
La postura de la Iglesia Católica frente a la inmigración ilegal es compleja. Por un lado, reconoce el derecho de los Estados a controlar sus fronteras y aplicar sus leyes de inmigración. Pero también enfatiza la necesidad de tratar a los inmigrantes, documentados o no, con dignidad y respeto. La Iglesia aboga por políticas migratorias justas, que equilibren los derechos de los migrantes y los ciudadanos del país receptor.
Fuente: El Vaticano castiga con 1 a 4 años de cárcel a quien entre saltándose «los controles de frontera»
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