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El Concejo de Bogotá ha aprobado recientemente el Acuerdo 399 denominado «Sergio Urrego», presentado por el concejal José Cuesta Novoa, del partido “Colombia Humana”, con el que «busca promover “ambientes escolares inclusivos y libres de discriminación”, tras el registro de 159 asesinatos a personas LGBTIQ+ durante 2023», según recoge Infobae.
Pero las consecuencias de lo acordado, como se verá a continuación, rebasan muchos límites e imponen «criterios» que alteran, regulan, reforman y obligan a sujetarse a un marco educativo civil y estatal que lesiona cuestiones esenciales en la educación como la filosofía, la identidad y la misión institucional de los colegios, los Proyectos Educativos Institucionales y la autonomía educativa, obligándoles a plegarse a las nuevas directrices con las que se ‘unanimizan’ la disciplina y la conducta, y se imponen intervenciones a cargo de «organizaciones expertas».
Ante ello, cabe preguntarse: ¿la aprobación de este acuerdo no rebasa la competencia de la Corporación, adentrándose en aspectos que le son más propios definir y concertar, en primera instancia, al Ministerio de Educación Nacional y, en última, al Congreso de la República?
Dirán que no, en cuanto que se aplicará a los colegios públicos del Distrito, aunque «instan a los colegios privados» a hacer lo mismo. Es decir, estandarizan la educación pública a partir del «reconocimiento de los derechos LGBT…», como si este fuera el factor determinante y el criterio rector de la misión y de la tarea educativa, imponiendo de paso la exposición de los escolares a contenidos y/o didácticas que, como ya se ha visto en donde así lo han impuesto, se orientan cada vez más hacia la aceptación, legitimación y normalización de las distintas variables de la perniciosa ideología de género.
Lo primero que se lesiona son los derechos de los niños y, de contera, el inalienable Derecho de los Padres a elegir la Educación que estimen más adecuada para sus hijos. La educación se sustrae así del marco de principios y valores familiares, hacia una moral de estado, que rompe la estructura de las relaciones familiares. Y como se trata de «educación pública gratuita», a la que –no por su calidad, sino por la gratuidad, no nos engañemos– se ven obligadas a acudir muchas familias, éstas quedarán –y en especial sus hijos– a merced, ya del adoctrinamiento ideológico, ya del laicismo.
El querer evitar la discriminación por cualquier motivo y el consecuente «bullying», no son razón suficiente para acabar imponiendo lo que en la práctica se convierte en una reforma educativa viciada de contenidos y enfoques que se pueden cuestionar desde muchos ámbitos, y que la corporación asume como «necesarios» para lograrlo.
Por el momento recogemos puntualmente lo que registra Infobae con respecto al Acuerdo 399 aprobado por el Concejo de Bogotá, señalando entre corchetes las dudas e inquietudes que éste suscita inicialmente en cada aspecto.
Luego de la introducción, el artículo citado se desarrolla de la siguiente manera:
«Entre las acciones contempladas está la revisión de los manuales de convivencia para garantizar que permitan a los estudiantes expresar libremente su orientación sexual e identidad de género, incluyendo la elección del uniforme y aspecto físico».
Además, se realizarán campañas de sensibilización para reducir prejuicios, con estrategias específicas [¿Cuáles y de qué índole? Sería conveniente tener una idea clara al respecto, pues una cosa es una estrategia para lo dicho, y otra convertir el tema en materia de adoctrinamiento] para promover el respeto por la diversidad sexual y de género [El respeto a la Persona y a su Dignidad, es lo que tiene primacía]. Se involucrará al Comité Escolar de Convivencia en la prevención de conductas discriminatorias [¿Cómo se «prevendrán»?].
Otro aspecto relevante es la producción y difusión de material académico y científico [¿Cómo presentar como ciencia lo que de suyo es estrictamente ideológico?] sobre la problemática de la discriminación LGBTIQ+, buscando desde la academia construir una ciudad democrática que respete la dignidad humana [¿Qué se entiende aquí o qué se asume como «dignidad humana»?].
Las instituciones educativas públicas colaborarán con organizaciones de la sociedad civil “expertas en derechos LGBTIQ+”, para “enriquecer los conocimientos sobre el tema y fortalecer el enfoque de derechos” en las prácticas escolares [¿Cómo se «enriquecen» dichos «conocimientos»? – ¿Cómo se «fortalecerá» dicho enfoque?].
Además, se visibilizarán las rutas de acompañamiento psicosocial y denuncia jurídica ante situaciones de discriminación, garantizando la protección y bienestar de las personas LGBTIQ+ [Así como en Inglaterra o en Australia, ¿se judicializará a quien se niegue –sea estudiante, profesor o funcionario– a usar los pronombres designados por la persona que manifieste una específica «identidad de género» o a reconocerla como tal?]. Se instalarán avisos en lugares visibles con el mensaje «En este colegio promovemos escenarios libres de bullying» [Eso es otra cosa, más equilibrada y sensata].
La Secretaría de Educación ofrecerá capacitación a líderes educativos para promover “entornos libres de prejuicios” [Los prejuicios se superan con conocimiento y conciencia de la realidad, esto es, como parte del proceso de formación, no mediante filtros ideológicos] y bullying. También se establecerá la celebración del “Día Distrital de la Diversidad Sexual, de Géneros y el Libre Desarrollo de la Personalidad” [Esto es una exaltación de la ideología de género, una especie de «día del orgullo» que, en lugar de servir al propósito de prevenir la discriminación, lo que busca es una aceptación acrítica y sumisa de la IG y normalizar sus conductas y manifestaciones], enfocado en la sensibilización sobre la no discriminación.
Además, se realizarán actividades de sensibilización para padres y cuidadores en las «Escuelas de Padres y Madres», sobre “el respeto a la diversidad” [¿En qué consiste ese «respeto» dirigido a dicha categoría? Si se quiere «sensibilizar» y abogar por algo, que sea por el respeto a las personas; las ideas son discutibles y las preferencias opcionales, no de obligatoria aceptación para los demás]. Por último, se insta a que los colegios privados adopten las mismas medidas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ [Se atenta contra la Misión Institucional, el PEI, la identidad y la autonomía educativa, presionando todo el contexto y los entornos educativos para que adopten un enfoque ideológico].
El artículo termina diciendo:
El concejal Cuesta se comprometió a continuar la lucha para «proteger los derechos de estas comunidades». La aprobación del proyecto “honra el sentido de la democracia ante una problemática que requiere urgencia en la implementación de mecanismos de protección” [¿Realmente se «honra el sentido de la democracia»? ¿Qué se entiende y qué se insinúa aquí como «democracia»?].
Si esto se admite así, sin más debate ni discusión, aceptándolo simplemente como una «determinación autónoma» del Concejo de Bogotá, sin considerar sus implicaciones y consecuencias en tantos ámbitos y aspectos como los señalados en las inquietudes que suscita, entonces estamos muy mal. La democracia, así entendida, obraría como un instrumento de reingeniería social desde cualquier instancia o corporación a la que se le ocurra «honrar derechos».
Las demás instancias como el Congreso y las Cortes competentes deberán determinar si, efectivamente –como se advierte–, hay una extralimitación de funciones o en el alcance de la materia sobre la que se ha acabado legislando.
Aquí no sólo se modifica el servicio de la educación, sino se pone a todo el aparato educativo al servicio de un propósito no esencial ni determinante de la educación. Las distintas formas de agravio o de agresión hacia una persona, cualquier persona, un ciudadano, no importan las circunstancias de raza, opinión, etc., están ya consideradas en el ámbito legislativo. Extender el concepto de respeto y de no discriminación hacia las categorías propuestas, es una completa subversión del orden constitucional e institucional. Esto les compete demostrarlo a los expertos.
Con una iniciativa como esta, se cierra un cerco ideológico sobre las familias, se aliena la patria potestad sobre los hijos, se incurre en un totalitarismo de estado y se priva a las familias y a la sociedad de una libertad fundamental: la de elegir la educación más pertinente a cambio de una aceptación y de un sometimiento incondicional a una ideología, pretextando la buena y noble intención de «prevenir y evitar la discriminación».
A las familias les queda una última alternativa: el «Home Schooling», la Educación en Casa. Y ello supondrá valentía, coraje, esfuerzo y sacrificio. Una reorganización en la estructura de las relaciones familiares y en sus funciones, para Educar a los hijos como corresponde: «E Ducere»: conducir desde sí, esto es, para que sean personas realmente maduras, funcionales y autónomas, capaces de constituir una sociedad sana.
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