La alegación del gobierno sostiene que “Filadelfia ha discriminado inadmisiblemente el ejercicio de la libertad religiosa” al obligar a una entidad cristiana a dar niños en adopción a parejas homosexuales. Estas acciones “reflejan una hostilidad inconstitucional hacia las creencias religiosas de los Servicios Sociales Católicos“.
Se trata de Catholic Social Services, una organización religiosa sin ánimo de lucro de Filadelfia. Su objetivo es dar en adopción a niños, pero siempre y cuando puedan hacerlo con padres conforme a sus creencias, como lo expresó cuando demandó a la ciudad de Filadelfia en 2018 por no respetar su libertad religiosa y de expresión con respecto a “padres” del mismo sexo como personas potenciales para adoptar.
Un caso similar ocurrió en enero de 2019, cuando la administración permitió no ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo o no cristianas a Miracle Hill Ministries, una organización evangélica en Carolina del Sur.
El gobierno cierra su argumentación apelando a un caso reciente que ya fue llevado a la justicia por el mismo motivo: el panadero Jack Phillips se negó a preparar una tarta de boda para una pareja gay. El tribunal superior le dio la razón, amparándose en que la Comisión de Derechos Humanos de Colorado había sido hostil con su fe.
En total, 11 estados tienen permiso para bloquear el proceso de adopción en el caso de verse violentadas las creencias religiosas de la entidad que da al niño.
Las críticas por parte del “colectivo LGTBI” afirman que se dificulta la adopción de niños porque ‘hay una falta de familias para ello’. Pero la realidad es otra: lo que habitualmente hay son más solicitudes, que opciones de adopción.
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