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Según declaraciones del departamento de justicia el pasado miércoles, varios niños sufrieron abusos sexuales por parte de contratistas federales después de cruzar ilegalmente la frontera.
El mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Southwest Key Programs, operador de albergues para menores migrantes indocumentados, por permitir el abuso sexual “generalizado” de niños bajo su custodia.
La ley federal prohíbe que los menores que cruzan la frontera ilegalmente sean devueltos a su país de origen.
Según la demanda, desde al menos 2015 Southwest Key ha registrado más de 100 informes de abuso sexual o acoso contra menores en sus instalaciones. Esto incluye el caso de un trabajador que en 2022 abusó repetidamente de una niña de 5 años, una de 8 y una de 11 en un albergue de El Paso, Texas.
La niña de 8 años confesó que el funcionario ingresaba en la noche a tocar su ‘zona privada’ y amenazando con matar a su familia si hacia alguna declaración sobre el abuso.
La demanda también detalla el caso de una menor que fue violada y amenazada repetidamente por un supervisor en un albergue de Texas. Otros empleados cambiaban turnos con este hombre para que pudiera estar a solas con la niña.
En varios casos, los empleados de Southwest Key amenazaron a los menores con dañar o matar a sus familias si denunciaban el abuso. También les advirtieron que hacer la denuncia retrasaría su reunificación familiar o afectaría negativamente su situación migratoria.
El gobierno federal le ha pagado $4 mil millones a Southwest Key desde 2019 por albergar a estos menores indocumentados. Solo en 2024 la compañía ha recibido casi $1.000 millones según datos de gasto federal.
La demanda se produce tras las revelaciones de que los menores migrantes no acompañados con frecuencia enfrentan condiciones inseguras en Estados Unidos. Recientemente, empleados federales le dijeron al Congreso que estos niños son entregados primero a contratistas con entrenamiento limitado, y luego enviados a vivir con patrocinadores que no han sido investigados adecuadamente.
Deborah White, una denunciante de el Departamento de Salud y Servicios Humanos, describió el proceso como “esclavitud y tráfico de niños financiados por los contribuyentes”.
Los niños estaban siendo traficados con miles de millones de dólares de los contribuyentes por un contratista que no investigaba a los patrocinadores ni procesaba a los niños de manera segura, con la complicidad de los funcionarios del gobierno
White dijo que cuando intentó verificar el bienestar de un menor migrante en un albergue, le dijeron «una vez que estos niños salen de aquí… se han ido y ya no son tu responsabilidad».
Southwest Key no corrigió sistemáticamente sus prácticas y permitió que el acoso continuara sin una intervención adecuada.
Texto de la demanda contra Southwest Key
La demanda del Departamento de Justicia pide una compensación monetaria para cada menor afectado por la conducta discriminatoria de Southwest Key, así como sanciones civiles contra la compañía para resarcir el interés público.
El gobierno de Biden ha relajado la investigación de antecedentes de los patrocinadores de menores migrantes no acompañados, eliminando pruebas de ADN y en muchos casos verificaciones de antecedentes del FBI. Se sabe que el Departamento de Salud envió intencionalmente a algunos niños a vivir con miembros de pandillas. Un tercio de los menores migrantes no acompañados, unos 85.000, están actualmente desaparecidos.
Se espera que las vícitmas sean reparadas como se debe y que el gobierno actual no permita que estos sucesos sigan sucediendo, generando traumas y daños físicos en niños inocentes que llegan día tras día al país norteamericano por falta de condiciones óptimas en sus países de origen.
Fuente:Unaccompanied Migrant Children Were Raped By Federal Contractors, DOJ Says
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