Por: Eliana Zea, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana.
El siguiente relato trata acerca del reciente caso boliviano de una menor de 11 años que decidió no abortar. Refleja una triste realidad que viven varias familias, cuya destrucción resulta favorecida por el aparato burocrático del actual gobierno.
En una pequeña población alejada de las prisas urbanas, la madre de dos niñas firma un Acta de Protección y Cuidado en favor del futuro violador de una de ellas. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia acusa a la madre de mantenida y la hostiga hasta obtener su firma.
Este documento prohíbe a la madre acercarse al padre y a las niñas. Funcionarios sin comprensión humana aplican modelos de actas sin la debida investigación que requiere cada caso. Este documento no tiene ningún valor judicial, pero le sirve al padre como orden de alejamiento contra la madre. La Defensoría no tiene el menor escrúpulo en entregar mujercitas a hombres irresponsables, la mayor parte de las veces, alcohólicos.
Los objetivos de esta institución son en teoría reconocer, desarrollar y regular los derechos y las responsabilidades sobre los niños, niñas y adolescentes, pero en la práctica, se reducen a reproducir propaganda feminista. La ‘deconstrucción’ de roles familiares determina que el art. 173 del Código de las Familias, que habla de la igualdad conyugal, le dé la autoridad a la Defensoría para definir la guarda de niños y adolescentes con «un papelito falso», como afirman las víctimas.
Además, esto sucede en favor de quien pueda respaldar el ingreso regular de una fuente laboral. Los funcionarios rechazan la maternidad natural y exigen la desvinculación entre la madre y el bebé para controlar el cumplimiento de sus responsabilidades económicas. El Decreto Supremo desconoce la lactancia materna, entre otros derechos que debería proteger. Debido a la ‘igualdad económica’, que esta institución persigue como un derecho, ocurrió una nueva desgracia escondida para evitar una nueva crisis familiar.
Detienen al padre de las niñas y, a los 11 años, la hermanita resulta embarazada de otro hombre de su entorno familiar. La madre de la menor se habría vuelto a casar y trabajaba vendiendo coca para evitar que la Defensoría se lleve a sus cuatro hijitas a un hogar. Con cinco meses de embarazo, la niña recurre a una prima, porque en la mayoría de los casos de violencia sexual, la familia es la última en enterarse.
Sin esperar, la tía lleva a la niña y a la mamá con la Defensoría. Esa niña ya conoce las barbaridades que cometen en esa institución y Silvia Suazo, su directora, comenta que la muchacha «tiene mucho miedo y está nerviosa». La solución ‘salomónica’ para que cumplan con excelencia su trabajo es retenerla en el hospital y empezar un tratamiento químico de aborto. La niña es ignorada por no estar con su mamá, y cuando esta llega, intenta detener el daño inminente que se le iba a provocar a su hijita.
Las activistas de las mal llamadas Redes de Defensa de Derechos aseguran contar con la declaración exclusiva de la menor, pero en los artículos informativos, la directora de la Defensoría se limita a comentar en lugar de brindar un informe con los resultados oficiales de la junta médica que revierte a solicitud de la paciente el proceso de aborto. El capítulo dedicado al aborto en el Código Penal de Bolivia considera que los abortos en menores de 16 años son punibles a pesar de la firma del consentimiento. Esta regulación existe para que la madre pueda denunciar a los autores intelectuales o materiales del infanticidio forzado.
La madre de la menor es amenazada con ser enviada a la cárcel por no haber cuidado a su hija y por ‘obligarla’ a dar en adopción a un bebé a quien podría haber matado la Defensoría, como trofeo para justificar su fuente laboral.
Los financiadores impulsan posturas políticas y culturales mediante la gestión del 30% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) de cada municipio, destinado a la ‘Prevención de la Violencia Contra la Mujer’. Hashtag, hashtag, y sellan todo el material con el que trabaja la Defensoría. Activistas desarrollan una campaña de desinformación en medios de comunicación desde el 20 de diciembre de 2020. El Tribunal Nacional de Ética Periodística está sin directiva y no atiende denuncias desde hace más de un año.
Nuestro país cuenta con una legislación acerca del aborto tan cuidadosa, que debería ser replicada como modelo en Hispanoamérica. La niña logró salir de la Maternidad Percy Boland después de tres días de internación. El hospital conoce los procedimientos a seguir en casos de violencia sexual. La junta médica aprobó la salida de la menor para que reciba la atención que el hospital público brinda con limitaciones evidente después de una pandemia.
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