Después de secuestrar a la menor de 11 años violada, el gobierno ha forzado su parto para conseguir la muerte del bebé que ella llevaba en su vientre. Por órdenes de arriba, médicos en el Hospital Francés en Santa Cruz de la Sierra han operado a la muchacha y sacaron al niño prematuramente, de acuerdo al diario El Deber.
Si bien el bebé nació vivo y pesaba 500 gramos, falleció a las tres horas de haberse realizado la cirugía, según información extraoficial brindada a Razón+Fe por la Plataforma por la Vida y la Familia. La intervención quirúrgica fue realizada conforme a una instancia judicial solicitada por la Defensoría del Pueblo.
Los abogados de la madre de la menor, Néstor Higa y Giovanni Cabello, señalaron que esta fue injustamente sometida a un parto prematuro, de acuerdo al periódico El Día. Ambos aseguran que la muchacha fue perseguida y secuestrada por las autoridades del Estado para alejarla de su madre.
Según denuncian, la voluntad de la madre y de la hija fue vulnerada por el Estado, debido a que ellas habían manifestado previamente que querían que el bebé nazca. Los abogados Higa y Cabello preparan un recurso jurídico de acción de libertad para proteger a la madre y a la hija forzada a abortar.
Demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Elisa Sánchez Cardozo, madre de la menor de 11 años violada, había recurrido este martes a la CIDH con el fin de que se demandara al Estado boliviano por la persecución sufrida. El documento legal, según indica el diario Opinión, afirma lo siguiente:
Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de parte de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismo público o privado, de subvenir la opinión y decisión de (mi hija), de no concretar el aborto y muerte de J.M. el niño que lleva adentro. En estos momentos se encuentra en peligro de ser sometida a un aborto forzoso, violando su voluntad y decisión de no matar al niño que se encuentra en su vientre, luego de arrepentirse de ello una vez que se había iniciado el proceso de aborto químico con el uso de mifepristona, que le fuera entregado en el Hospital Percy Boland.
Además, el documento continúa con lo siguiente:
La Defensoría del Pueblo no representa ni en forma legal ni convencional a (mi hija) y además está ignorando en forma consciente su voluntad, la que expresó al personal de salud cuando se encontraba hospitalizada en el centro médico Percy Boland. Su intencionalidad (de la Defensoría) se encuentra claramente distorsionada y responde a su obsesión con la idea de que no podría querer tomar (la niña) una decisión distinta a la de abortar, en circunstancias de que como constató el personal médico del mismo recinto, ella no se encuentra bajo un riesgo real e inminente a su salud.
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