En la reunión que el presidente Duque tuvo este jueves 31 de octubre con la bancada del Centro Democrático, además de hablar sobre los resultados de las elecciones regionales, se discutió sobre la posición del Gobierno frente al decreto que reglamenta la práctica del aborto en Colombia.
María del Rosario Guerra en su calidad de vocera del Senado, planteó su preocupación por los retrocesos en la protección a la vida en gestación como consecuencia de la decisión del Gobierno, haciendo eco de las preocupaciones manifestadas por distintos grupos y organizaciones provida, que en buena parte conforman su electorado.
Duque explicó que no era una iniciativa de su gobierno, sino que simplemente debía cumplir con una orden de la Corte Constitucional, que no agregaba nada y que más bien le daba mayor claridad y garantías a los objetores de conciencia.
Frente a las críticas por la prohibición de informar a los padres, cuando una niña o adolescente solicite un aborto, establecida en el decreto, Duque la defendió argumentando que los padres en muchos casos eran los responsables de los abusos sexuales de sus hijos, de modo que informarles equivaldría a revictimizar a las menores de edad.
Finalmente, Paloma Valencia intervino expresando su rechazo a la falta de límites temporales para la realización del aborto, permitiendo que se practiquen en bebés perfectamente desarrollados, confundiéndose casi con el infanticidio.
En ese punto, Duque se comprometió a revisar la posibilidad de incluir en el decreto una limitación en el número de semanas para la realización de esta práctica.
Insatisfechos los congresistas provida
Luego de la reunión del Presidente con la bancada, congresistas provida manifestaron a Razón+Fe su escepticismo frente a las modificaciones que Duque haga al decreto, y expresaron su temor de que sea expedido cuando la opinión pública menos lo espere, específicamente en la segunda mitad de diciembre, tal como hizo Uribe con el Decreto 4444 de 2006, declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.
Por estas razones el próximo martes se citará a debate de control político al Ministro de Salud Juan Pablo Uribe, y se estaría preparando una moción de censura que lo podría sacar de su cargo.
El resultado de dicha moción es altamente incierto, pues aunque que por razones políticas antes que ideológicas podría contar con el apoyo de la oposición, además de algunos provida en los partidos de Gobierno (Centro Democrático, Conservadores, Colombia Justa Libres), es posible que los partidos independientes (Liberales, Cambio Radical, La U) en esta ocasión terminen acompañando al Gobierno y dándole una victoria inesperada.
La sentencia C 355 de 2006 permite una reglamentación provida
Una de las características de la reglamentación de Duque es la total indiferencia que muestra por el valor de la vida en gestación, pues se enfoca únicamente en garantizar por encima de todo el deseo de la mujer a abortar, hasta el punto de criminalizar al personal médico y a los terceros que intenten disuadir a la mujer.
Sin embargo, en la única sentencia de constitucionalidad que se ha dictado sobre el aborto, la C 355 de 2006, la misma Corte Constitucional explicó que el Estado tenía una obligación de proteger a los seres humanos en estado gestacional.
Según la sentencia el Estado tiene un deber de protección de la vida en gestación, que le exige desarrollar normas para prohibir que el Estado o terceros (médico y la madre) intervenieran (con el aborto) en la vida que se está gestando (página 215 de la sentencia).
Recalcó además que al legislador le corresponde tomar medidas que garanticen que la protección a la vida en gestación sea “efectiva”, para lo cual dispone de un “amplio margen de configuración de la política pública en relación con el aborto” (página 229 de la sentencia).