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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la «persistente represión» en Nicaragua, caracterizada por la «persecución religiosa», detenciones «arbitrarias» y «graves» condiciones carcelarias. Ante esta situación, la CIDH instó al Estado nicaragüense a «cesar la represión y liberar de inmediato a las personas detenidas».
Según información recibida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), entre el 1 y 10 de agosto la Policía Nacional allanó casas curiales y propiedades de la Iglesia Católica. Como resultado, 12 sacerdotes y 2 colaboradoras fueron detenidos, principalmente vinculados a las diócesis de Matagalpa y Estelí, dirigidas en el exilio por el obispo Rolando Álvarez, excarcelado y desnacionalizado.
El 8 de agosto, 7 sacerdotes fueron expulsados a la Ciudad del Vaticano después de permanecer detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima. Desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido encarcelados y desterrados al Vaticano o Estados Unidos. Actualmente, laicos de Cáritas Estelí permanecen presos.
La CIDH advirtió que estas acciones forman parte de represalias sistemáticas contra la Iglesia Católica por su mediación en el diálogo nacional de 2018 y denuncias de violaciones a derechos humanos. Desde octubre 2023, más de 200 religiosos han sido desterrados o expulsados.
La persecución también afecta a protestantes y evangélicos. En 2024 el Estado canceló personerías de 60 iglesias evangélicas. En abril la CIDH otorgó medidas cautelares a 10 evangélicos de «Puerta de la Montaña» presos en graves condiciones.
Asimismo, 141 opositores permanecen «arbitrariamente privados de libertad» con denuncias de insalubridad, maltratos y falta de atención médica. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde las controversiales elecciones de 2021, cuando Daniel Ortega fue reelegido con sus contendientes encarcelados o exiliados, privados de nacionalidad y derechos políticos.
La CIDH instó una vez más al cese de la represión y liberación de detenidos. La defensa de la libertad religiosa y demás derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una tarea urgente ante la gravedad de los hechos denunciados.
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