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El anuncio de la renuncia de Fumio Kishida como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) japonés el pasado 14 de agosto, abre la puerta a un posible cambio en la política religiosa de intolerancia que ha caracterizado a su gobierno.
Kishida llegó al poder tras el brutal asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe a manos de un joven resentido por las donaciones de su madre a la Federación de Familias, una organización tildada como «secta» en Japón. Este crimen desencadenó una campaña de persecución contra dicho grupo, que el gobierno de Kishida capitalizó políticamente.
Estas acciones provocaron un aumento alarmante de los “crímenes de odio” contra Testigos de Jehová y otras confesiones no dominantes, lo que motivó una carta de reproche de cuatro relatores de la ONU.
Sin embargo, no ha sido esta deriva autoritaria en materia religiosa lo que ha propiciado la salida de Kishida, sino los escándalos de corrupción en las filas de su partido. Queda por ver si su sucesor revertirá las políticas represivas o si, por el contrario, la cultura de intolerancia está tan arraigada que se mantendrá la tendencia a criminalizar las minorías.
Por otra parte, el conformismo de jueces y medios refuerza los prejuicios sociales. La justicia japonesa rarely falla a favor de los derechos individuales frente al Estado, mientras que la prensa, sometida a rígidos «clubs de periodistas», se limita a difundir la versión oficial contra los grupos señalados como «problema social».
En definitiva, aunque la dimisión de Kishida abre la esperanza de un giro, no puede descartarse que el nuevo líder del PLD y primer ministro continúe aplicando la misma lógica de intolerancia religiosa.
Fuente: Dissolution of the Kishida Administration: A Boon for Religious Freedom in Japan?
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