Se trata de un proyecto de ley que pretende establecer la falta de consentimiento como requisito para que una agresión sexual se considere violación.
Declaraciones a la prensa de María Teresa Chacón, socia fundadora del Action Center Bolivia y vocera del movimiento provida y profamilia Unidad Ciudadana.
Unidad Ciudadana, ANDEB (Asociación Nacional De Evangélicos de Bolivia) y Plataforma Ciudadana Por la Vida y la Familia denuncian:
Comunicado de prensa
Desde los movimientos por la vida, la familia y las libertades civiles ¡exigimos la socialización de nuevas iniciativas legislativas!
La falta de transparencia amenaza la participación ciudadana.
La Paz, Bolivia – 23 de septiembre de 2024.- En un contexto donde la transparencia es esencial para un estado de derecho, la Plataforma Ciudadana Nacional por la Vida y la Familia expresa su profunda preocupación por la falta de socialización del PROYECTO DE LEY PL 010-23 DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA.
Este proyecto de Ley fue presentado en abril a la Cámara de Senadores de Bolivia por la Sen. Andrea Barrientos. Fue aprobado por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados, donde se derivó a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, liderada por la Dra. Betty Yañíquez, abogada y ex Fiscal de Distrito con años de experiencia en la administración de justicia; hoy, una figura clave en esta discusión.
La falta de socialización de esta ley, son aspectos que han generado inquietantes dudas. Este implícito, vulnera el derecho de la población a estar informada y participar en un debate justo sobre asuntos que afectan sus derechos fundamentales.
Una de las dudas más relevantes sobre este proyecto de ley es su contenido inconstitucional y su tendencia a un inminente retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas jóvenes. Esto crea un escenario de interpretaciones basadas en fundamentos legales. Entre las preocupaciones expresadas destacan las siguientes:
- «Amenaza los derechos de nuestros niños y jóvenes».
- «Impulsa una legislación que modifica la edad y las penas relacionadas con el estupro».
- «Propone atenuantes que reducen la responsabilidad penal de los agresores».
- «La nueva ley no protege a las víctimas, sino que favorece a los agresores».
La seguridad de nuestros hijos y el respeto a sus derechos fundamentales nos llaman a tomar acciones; por ello, exigimos que esta ley sea revisada por expertos en derechos humanos y derecho constitucional.
«Como sociedad civil, exigimos ser informados y participar activamente en la construcción de leyes que son de orden público e interés social», señaló, Édgar Calderón, presidente de esta Plataforma Ciudadana.
«Mediante correspondencia, hemos solicitado al presidente de la Cámara de Diputados a devolver la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para asegurar su adecuada socialización», acotó.
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